MERCENARIOS DE LA MUERTE

MERCENARIOS DE LA MUERTE

Empleados públicos roban medicamentos de almacén de centro de salud indígena

Repudiable. Mientras que población indígena protesta por mayor atención médica y farmacológica, en almacén de puesto de salud de zona de frontera, angurrientos empleados ejecutaban robo sistemático de medicina en grandes proporciones. Director ejecutivo de Red de Salud de la jurisdicción advirtió que los servidores ampayados serán procesados y puesto a disposición de la ley.

Mediante Informe N°8 emitido el pasado fin de semana por Sergio Vílchez la Torre – Jefe de Almacén especializado de la Red de Salud de Datem del Marañón (RSDM), hacia el despacho del MC.Emerson García Díaz – Director Ejecutivo RSDM., solicitó el retiro del trabajador Turipy Yangura Matu, por perpetrar sustracción ilegal de productos medicamentosos.

Según el citado informe, alerta que Turipy Yangura Matu entregó de manera ilegal, una caja de medicinas de propiedad del almacén del puesto de salud de Pijuayal a una persona que no mantiene ningún vínculo laboral con el citado centro de salud ni con la Red de Salud. “…lo realizó de manera escondida entregando la caja sólo con una marca, dicho acto fue observado por un personal de abastecimiento quien comunicó al jefe inmediato”. Reza el informe acusatorio.

Sobre el particular, se logró comunicación con el MC.Emerson García Díaz – Director Ejecutivo de la Red de Salud de Datem del Marañón, indicó que se adoptarán contundentes acciones administrativas y legales. “…es condenable que en plena pandemia hayan estado apropiándose de medicinas que era para el pueblo, eso no vamos a tolerar y tampoco estamos dispuestos a solapar estas prácticas deshonestas. Ya iniciamos el proceso administrativo en contra de ese mal servidor y también pusimos de conocimiento al fiscal Provincial para que inicie las investigaciones e incluya a la red que estaría operando detrás de este robo en agravio de la salud pública de nuestra provincia». Sentenció Emerson García Díaz - Director Ejecutivo de la Red de Salud de Datem del Marañón.

REACTIVACIÓN FORESTAL DE LORETO EN MANOS DE EMPRESAS INVESTIGADAS POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE MADERA

REACTIVACIÓN FORESTAL DE LORETO EN MANOS DE EMPRESAS INVESTIGADAS POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE MADERA

Empresa que viene siendo investigada por el caso Yacu Kallpa es socio estratégico de Gestión de Ochoa Sosa

El GOREL a través de la GERFOR invertirá 13 millones de soles, 8 millones para reactivar 169 concesiones forestales y 5 millones para reactivar pequeñas y medianas empresas.

La gestión del gobernador regional de Loreto Elisban Ochoa Sosa ha puesto en marcha la “Estrategia de reactivación económica forestal” a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre – GERFOR, que consiste en ejecutar diversas acciones de gestión para impulsar el aparato productivo forestal.

Elisban Ochoa Sosa – Gobernador Regional de Loreto, se reunirá con los concesionarios forestales, a mediados de la segunda semana del mes de julio, en las instalaciones de Inversiones La Oroza, a fin de informar en que consiste el soporte del Gobierno Regional de Loreto – GOREL frente a la recesión económica que sigue afectando a la región. 

Como se recuerda, en noviembre de 2015 la fiscalía ambiental ingresó a las instalaciones del puerto de Iquitos. El fiscal Pablo Ormeño llegó acompañado de polícías y ordenó la inmovilización de lo que resultó ser el mayor cargamento de madera de origen ilegal en el Perú: 1.312 metros cúbicos. La mercadería, valorizada en 1.6 millones de soles, tenía como destino México y EE.UU. Gran parte de la madera confiscada era propiedad de una de las mayores exportadoras del país: la compañía Inversiones La Oroza S.R.L. Las autoridades informaron que el 80% de la carga ilegal le pertenecía a Inversiones La Oroza.

A finales del mes de marzo del año en curso, el fiscal Yusen Caraza, se tenía que pronunciar respecto a este caso emblemático de tráfico de madera ilegal. Según se conoció que en el expediente fiscal figuran como investigados, además de ex funcionarios, las empresas que fueron intervenidas.