Más de 1,100 funcionarios y servidores públicos fueron beneficiados con canastas de víveres
Revela contralor Nelson Shack durante sesión virtual de Comisión de Fiscalización del Congreso
El contralor general de la República, Nelson Shack, anunció que las labores de supervisión realizadas por la Contraloría permitieron detectar que más de 1,100 funcionarios y servidores públicos fueron beneficiados con la entrega de canastas básicas de víveres que estaban dirigidas a familias en condiciones vulnerables para ayudarlos a afrontar los efectos de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
“A pesar que algunos de estos funcionarios ganan más de S/ 8,000 soles, han recibido sus canastas de víveres, evidentemente eso es parte del control posterior que vamos a realizar apenas concluya la cuarentena. Sin embargo, quiero hacerles notar que desde abril del año pasado, la Contraloría ya no tiene capacidad sancionadora alguna, por tanto todos estos casos de inconducta funcional y corrupción que se están encontrando van a tener que ser canalizados por otras instancias”, enfatizó durante su participación en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.
Precisó que este hallazgo fue detectado gracias a la implementación de la plataforma “Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19”, la cual ha permitido realizar un seguimiento a la adquisición y distribución de las canastas de víveres, así como el registro de más de un millón de beneficiarios.
Durante su intervención ante la comisión, el Contralor General presentó el Plan de Control Integral a la Emergencia Sanitaria COVID-19 y las acciones que se están realizando en el marco de la emergencia sanitaria dictada por el gobierno peruano.
Shack Yalta indicó que en lo que va de la emergencia sanitaria por la expansión del COVID-19, se han emitido 800 informes de control por parte del máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC).
Parte de esos informes corresponden al operativo de supervisión realizado al proceso de adquisición y distribución de canastas de víveres para familias vulnerables, donde la Contraloría ha visitado un total de 946 municipalidades y se han detectado deficiencias en distribución, almacenamiento, procesos de compra y en los productos recibidos por las autoridades ediles.
Otras acciones
Como parte de este plan, mencionó que están en proceso la ejecución de servicios de control a instituciones como la Policía Nacional del Perú y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), y próximamente se iniciarán intervenciones a la supervisión de la gestión de residuos sólidos biocontaminados, a cargo del Ministerio del Ambiente y gobiernos regionales; a los establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a las ferias itinerantes para venta de productos agrícolas que realiza el Ministerio de Agricultura y Riego.
En el caso de la ATU, Shack Yalta mencionó que los servicios de control se centran en la limpieza y desinfección de unidades de transporte público, para lo cual la ATU recibió un presupuesto de 50 millones de soles, y en la primera visita se pudo observar que las condiciones en que se realiza dicho servicio no son las adecuadas, por lo tanto no garantizarían que las unidades sean correctamente desinfectadas.
Asimismo, refirió que los auditores de la Contraloría, provistos de equipos de bioseguridad, supervisaron las áreas asignadas a la atención de pacientes con COVID-19 en cerca de 100 hospitales y establecimientos de salud en todo el país, en el marco del control concurrente a la emergencia sanitaria por la expansión de la pandemia del coronavirus en el Perú.
“Entre los aspectos evaluados en los hospitales visitados se pudo constatar que el principal problema o carencia se centra en la cantidad de profesionales de la salud de cada establecimiento supervisado, con el fin de coadyuvar a la oportuna y adecuada atención de los pacientes sospechosos o confirmados con el COVID-19”, comentó.
Durante su presentación en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, precisó que los auditores verificaron las áreas COVID-19 de los hospitales, supervisando la capacidad de los hospitales y la prestación del servicio de salud en esta emergencia sanitaria.
En esa línea tomaron en cuenta siete (7) aspectos como son: el área de triaje, la implementación de salas de aislamiento, la disposición real de los profesionales de salud, la distribución de Equipos de Protección Personal (EPP) a los profesionales de la salud, las condiciones y protocolos de traslados de pacientes en ambulancias, la disponibilidad de equipamiento biomédico y el funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
“Toda esa información va a revelar cuantitativamente la percepción que todos ustedes seguramente ya tienen por todo lo que acontece en el país. La situación que vimos hace casi dos meses no ha cambiado sustancialmente y por eso, en muchos casos y regiones, el sistema de salud está a punto de colapsar”, dijo a los congresistas.
Iniciativas legales
Asimismo, el Contralor General recordó ante la comisión la necesidad de aprobar los dictámenes favorables del proyecto de ley N° 29622, cuyo objetivo es tipificar las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional en el marco de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, la cual fue reconocida por el Tribunal Constitucional en su sentencia publicada el pasado 26 de abril de 2019.
También planteó aprobar una iniciativa legislativa para eliminar la figura de subcontratación en situaciones de emergencia, para lo cual se debe impedir que el proveedor que resultó ganador de un proceso subcontrate a otro que participó en el mismo proceso competitivo, evitando así la monopolización de los bienes y servicios, así como también preservando la libre competencia en aras de cautelar la eficiencia en los bienes o servicios contratados.
Shack Yalta también propuso prohibir la contratación de empresas que no tengan el giro de negocio de lo solicitado en los términos de referencia de cualquier proceso de adquisición pública.
“Sería importante establecer una prohibición en la Ley de Contrataciones para que las empresas que participen en cualquier proceso se encuentren dedicadas a actividades del rubro solicitado en los términos de referencia o requerimientos, lo cual va a permitir contar con empresas con experiencia y responsables para cumplir con la finalidad solicitada, evitando contratar, por ejemplo, para un servicio de desinfección de oficinas a una empresa que vende alimentos y bebidas, por poner un ejemplo”, dijo.
