TODA UNA BANDA CRIMINAL DENTRO DE LA FISCALÍA
Fiscales cobran de manera ilegal ingentes cantidades por reparación civil y esconden el robo derivando el caso a fiscales que en Loreto ya no existen, al parecer el ilícito es cometido con ayuda de asistentes
Fiscales
aprovechándose de ciudadanos infractores, cobraron multas reglamentadas de
manera directa pero se tiraron la plata y en contubernio con asistentes
ocultaban las denuncias en sistemas informáticos de otros fiscales que ya no
laboran en Loreto; Fiscal ex coordinador penal, sustentó la denuncia ante la
fiscalía anticorrupción de la sede principal del ministerio público, ya que sin
su consentimiento los deshonestos fiscales utilizaron su contraseña para
ingresar al sistema de gestión fiscal para perpetrar los robos.
Ante
la fiscalía superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios de
Loreto, se apersonó el magistrado José Luiggi Tomaylla Velez – Fiscal Provincial
titular de la tercera fiscalía provincial penal corporativa de Maynas, para
interponer denuncia en calidad de ex coordinador penal, sobre cobros
irregulares de reparación civil fijadas
a conductores en estado de ebriedad, montos dinerarios que finalmente no eran
depositados en cuentas bancarias del estado sino que, eran recaudados
directamente por algunos fiscales penales.
Tomaylla
Velez, narró los hechos ante Víctor Jovael Avelino Cruz – Fiscal adjunto
superior. Indicó que al mediodía del 16
de octubre, la asistente de coordinación penal le indicó que él había asignado
3 carpetas a un fiscal que ya no trabaja en el despacho, por lo que le solicitó
que revise el sistema para verificar lo advertido; tras la comprobación
informática corroboraron que fue así, las carpetas figuraban como denuncias
pendientes y que las investigaciones eran por el delito de conducción en estado
de ebriedad y fueron asignadas a una fiscal que actualmente viene laborando.
Se
debe mencionar que, según José Tomaylla fue fiscal provincial coordinador penal
hasta el último día del mes de setiembre del año 2018, y que su nombre de
usuario y contraseña del sistema de gestión fiscal (SGF) fue utilizado de
manera sospechosa en horas de la noche.
José
Luiggi instruyó que, mediante su usuario y contraseña, esta deshonesta fiscal
logró desviar hasta 3 casos de conducción en estado de ebriedad que había
recibido físicamente el pasado 2 de octubre, y que al increparle sobre este
hecho la abogada aseguró que había tenido problemas con los pagos (reparación
civil de infractores) y que ello comunicaría a la fiscal Félix Rossel – actual
Coordinadora penal.
Luego
de tomar conocimiento de estas irregularidades, la Dra. Félix Rossel, solicita
una auditoría de una de las carpetas en cuestión a fin de determinar a través
de qué SGF se había realizado dicha reasignación, lográndose determinar que se
había utilizado el usuario y contraseña del fiscal Tomaylla y que dicho acto
fue después de las 7 de la noche del 8
de agosto. Se debe mencionar que, la
cuestionada fiscal ante la actual coordinadora penal aseguró que dicha
reasignación de carpetas fiscales, la realizó mediante el sistema de otro
asistente y no del fiscal José Luiggi.
La
fiscal Rossel, también informó al ex coordinador penal que no sólo eran 3
carpetas sino que, existían 17 carpetas más que habían sido reasignadas y que
se había utilizado su usuario y
contraseña, y que esta acción había sido perpetrada por la misma fiscal.
El
fiscal adjunto superior – Víctor Avelino Cruz, instruyó que en el marco de la
denuncia interpuesta por el fiscal José Tomaylla, iniciaron las investigaciones
y que el último miércoles del mes de octubre realizaron una intervención
inopinada a las 7 fiscalías penales de donde se pudo recabar numerosas carpetas
sobre investigaciones de conducción en estado de ebriedad; asimismo informó que
se logró encontrar que al menos otros 3 fiscales incurrían en esta misma mala
práctica.
Cabe
instruir que, tras intervenir a los conductores en estado de ebriedad, éstos
son sometidos al principio de oportunidad que es un mecanismo de negociación y
solución del conflicto penal que permite la culminación del proceso previo
acuerdo con el imputado, a quien se le impone un pago de reparación civil; sin
embargo, en muchos casos estas intervenciones suelen ocurrir los fines de
semana (sábado o domingo) por lo que el depósito en cuenta bancaria (banco de
la nación) del ministerio de transporte y comunicaciones es imposible, y el
detenido procede a entregar el monto de la reparación en efectivo al fiscal
interviniente quien, a primera hora del día hábil, debe delegar el respectivo
depósito, pero como se evidencia en Iquitos, algunos fiscales deciden quedarse
con ese dinero.
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